La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas jurídicas sobre 35 bienes muebles e inmuebles, que estarían vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos por medio de operaciones de comercio exterior.

La medida busca afectar el músculo financiero de la organización y evitar que los activos sean negociados, transferidos o reutilizados en actividades ilícitas. El valor de los bienes se aproxima a los 7.000 millones de pesos y están ubicados en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo (Antioquia), Cartagena y Arjona (Bolívar) y Aguadas (Caldas).

Las investigaciones adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), evidenciaron que las empresas involucradas habrían importado equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China, mediante estructuras contables, financieras y sociedades comunes.

Estas operaciones generaron alertas por inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales no justificados y vínculos familiares entre sus representantes legales.

Además, se identificó una red delictiva que desde 2016, habría consolidado una infraestructura económica y societaria orientada a la defraudación tributaria y el lavado de activos.

Las investigaciones y análisis patrimoniales, económicos y financieros evidencian que las empresas y sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.

Las medidas se adoptan después de que seis presuntos integrantes de la red ilegal fueran judicializados por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.