La Defensoría del Pueblo advierte que, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025, al menos 77.719 personas en Colombia fueron víctimas de desplazamiento forzado debido a la violencia armada. Esta cifra representa una grave violación a sus derechos a la permanencia en el territorio, a la vida digna y a la seguridad, siendo la región del Catatumbo una de las más afectadas.

De las personas desplazadas, 68.347 provienen del Catatumbo, una zona históricamente golpeada por el conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales. La persistencia de la violencia en esta región mantiene a más de 11.000 personas en situación de confinamiento, lo que representa un riesgo constante para la población civil y un desafío significativo para la garantía de sus derechos fundamentales.

Tan solo en mayo, 1.746 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Guaviare. Adicionalmente, 8.123 personas fueron sometidas a confinamiento en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, limitando gravemente su acceso a derechos esenciales como la educación, la salud, la alimentación y la participación comunitaria.

Hasta el 30 de mayo de 2025, un total de 28.756 mujeres, 28.579 hombres y 15.364 niños, niñas y adolescentes han transitado por el territorio colombiano en situación de irregularidad migratoria. La mayoría de estas personas provienen de Venezuela, Ecuador, India, Haití y Perú, y enfrentan múltiples riesgos durante su tránsito por el país.

En lo que respecta a la migración inversa, la cifra continúa en aumento: 10.246 personas migrantes han ingresado al país tras no lograr su propósito de llegar a Estados Unidos, y ahora buscan retornar a sus países de origen. Este fenómeno plantea nuevos desafíos humanitarios y de protección.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los graves riesgos que enfrentan estas personas, muchas de las cuales han sido abandonadas en rutas clandestinas sin ningún tipo de control ni protección, vulnerando sus derechos a la vida, la integridad y la salud. Por ello, la entidad ha instado a las autoridades competentes a implementar de forma inmediata planes integrales de atención y protección, con el fin de evitar una crisis humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.