De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2025, Colombia contaba con aproximadamente 53,3 millones de habitantes y 18,9 millones de hogares. De estos, el 25,6 %, equivalente a más de 4,8 millones de hogares; aproximadamente uno de cada cuatro, se encontraba en déficit habitacional.

Del total de hogares, el 6,3 % presentaba déficit cuantitativo, es decir, requería una nueva solución de vivienda por las condiciones estructurales o de espacio de la existente; y el 19,3 % presentaba déficit cualitativo, relacionado con viviendas que requieren mejoras en sus condiciones de habitabilidad, como servicios públicos, pisos o hacinamiento mitigable. Estas cifras muestran que las necesidades habitacionales del país no se limitan a la construcción de nuevas viviendas, sino que también requieren mejorar las condiciones de las existentes.

Desde el año anterior, la Defensoría del Pueblo adelanta procesos de investigación y acercamiento territorial relacionados con los Asentamientos Humanos de Origen Informal (AHOI), el derecho a la vivienda adecuada, el ordenamiento territorial y la construcción de políticas públicas de vivienda en ciudades intermedias.

Un sondeo realizado con la participación de 18 oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo permitió identificar características y problemáticas de estos asentamientos. Entre los principales hallazgos se encontró que predominaban aquellos ubicados sobre predios de propiedad privada, situación que dificulta procesos de legalización urbanística, formalización predial y resolución de conflictos de tenencia.

Asimismo, aunque la mayor concentración de AHOI se encontraba en suelo urbano, también había presencia en áreas rurales y de expansión urbana. Más de la mitad de los asentamientos reportados estaban localizados en zonas con condiciones de riesgo, evidenciando la relación entre informalidad, exposición a amenazas y vulneración de derechos.

Para la Defensoría, estos hallazgos muestran que la informalidad habitacional está relacionada con déficits acumulados en ordenamiento territorial, producción de suelo urbanizable, planificación del crecimiento urbano y rural, gestión del riesgo y garantía efectiva del derecho a una vivienda digna y adecuada.

La vivienda adecuada no se limita a una estructura física: comprende seguridad en la tenencia, acceso a servicios públicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y pertinencia cultural. Este derecho está estrechamente ligado al territorio y a condiciones como el acceso a agua, saneamiento, salud, educación, transporte, empleo, seguridad y participación comunitaria.