Cada día que Cerrejón tiene paradas las operaciones y no puede sacar carbón dejan de ingresar a la economía de La Guajira y de Colombia más de 4.000 millones de pesos por concepto de regalías, impuestos locales y nacionales o pagos de parafiscales, entre otros rubros. Además, por concepto de salarios y beneficios de los trabajadores y por los servicios prestados por contratistas, diariamente se dejan de entregar otros 3.000 millones de pesos adicionales.

“Los bloqueos ilegales nos afectan a todos. A los trabajadores y a las empresas contratistas que ven suspendidos sus contratos temporalmente, a las comunidades que no pueden recibir el agua que entregamos por el tren y al país y al departamento que pierden miles de millones de pesos. Además, se está afectando la reputación de Cerrejón y Colombia como un proveedor confiable en el mercado internacional de carbón. Confiamos en que la intervención de las autoridades nos ayude a superar esta situación en el menor tiempo posible”, señala Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón.

Un bloqueo en la línea férrea, que comenzó el pasado 5 de mayo, y otro en las instalaciones de Puerto Bolívar, iniciado el 20 de este mes, han provocado el desabastecimiento de combustible que ha llevado la parada de las operaciones mineras por Fuerza Mayor.

Como ya se había informado previamente, el primero está liderado por un grupo de extrabajadores, desvinculados el pasado mes de febrero, acudieron a las vías de hecho para exigir su reintegro a la compañía o indemnizaciones adicionales a las ya recibidas. La compañía ha estado abierta a diferentes instancias de acercamiento en las que se han propuesto espacios de escucha activa si se paraba el bloqueo, pero los extrabajadores las han rechazado.

Por su parte, en el segundo, miembros de la comunidad de Media Luna bloquearon la entrada a las instalaciones, exigiendo empleos y otras peticiones, impidiendo la salida de los carrotanques que transportan el combustible desde Puerto Bolívar.

Cerrejón está en un proceso de transformación para adaptarse a la crisis del mercado mundial, agravada por el covid-19 y la huelga de 91 días liderada por Sintracarbón el año pasado, y poder asegurar su sostenibilidad. Sin embargo, los bloqueos representan una amenaza adicional para la estabilidad de miles de empleos formales, así como para seguir ofreciendo beneficios a sus trabajadores, las familias, las comunidades, La Guajira y Colombia.