Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la violencia obligó a 87.898 personas a abandonar sus hogares en desplazamientos masivos, mientras que otras 71.219 quedaron atrapadas en sus territorios por cuenta del confinamiento impuesto por grupos armados ilegales. Estas cifras, que reflejan la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país, son parte de los hallazgos del más reciente boletín de la Defensoría Pueblo.

El informe revela que solo en el mes de agosto se registraron 16 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 2.934 personas, y 10 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 6.174 personas. De hecho, agosto se consolidó como el mes con el mayor número de desplazamientos masivos en lo que va del año, una tendencia preocupante que evidencia la intensificación del conflicto en varias regiones del territorio nacional. A esto se suman 173 situaciones de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento identificadas a lo largo del año.

El análisis territorial muestra que la crisis humanitaria se concentra en departamentos específicos. Norte de Santander es la región con el mayor número de personas desplazadas, con 73.300 víctimas, principalmente a causa de la agudización de la violencia en el Catatumbo. Esta situación ha impactado de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, lideresas y líderes sociales, y comunidades indígenas. Por otro lado, Chocó es el departamento con la cifra más alta de personas confinadas (15.320), donde las restricciones a la movilidad impuestas por actores armados limitan gravemente el acceso a alimentos, educación y servicios básicos.

El boletín también aborda otras dinámicas de movilidad humana. Entre enero y el 15 de agosto de 2025, se registró el tránsito irregular de 106.590 personas migrantes por el país, en su mayoría provenientes de Venezuela. Además, se ha identificado un «flujo migratorio inverso» de más de 15.000 personas que han ingresado a Colombia retornando desde el norte, enfrentando múltiples abusos en su trayecto. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha acompañado a más de 4.000 connacionales deportados desde Estados Unidos en lo que va del año, garantizando una recepción digna y la protección de sus derechos.