Colombia tiene una población penitenciaria que supera las 104.000 personas, distribuidas en seis regionales y 125 centros de reclusión, de acuerdo con las cifras manejadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Para ellas, año tras año la Superintendencia de Notariado y Registro establece un sistema de turnos que les permite acceder al servicio público notarial.

La programación, que entra en vigencia cada primero de febrero y se extiende hasta el 31 de enero siguiente, apunta a garantizar a estos ciudadanos aquellos derechos que la Corte Constitucional ha catalogado como derechos intocables.

“La medida corresponde al principio de colaboración y cooperación que existe entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la SNR. Adoptamos acciones conjuntas, tendientes a eliminar los obstáculos administrativos que impiden a la población carcelaria acceder al servicio notarial, sin menoscabo de la seguridad jurídica”, explica el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo.

Según el funcionario, los despachos notariales prestan sus servicios en las penitenciarías del país, a través de turnos semanales que se definen sobre la base de los centros de reclusión, las necesidades de los internos y el número de notarios en los respectivos círculos.