Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de octubre, 14 de los 16 exjefes paramilitares que fueron parte del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se reunirán de manera presencial en Valledupar, Cesar.

El encuentro, coordinado por el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), busca definir los planes de trabajo y la hoja de ruta que regirán su papel como gestores de paz dentro de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelanta las gestiones para trasladar a los excomandantes desde distintas cárceles del país. Solo Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy) y Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, permanecerán fuera del encuentro pues ambos continúan en Estados Unidos a donde fueron extraditados y donde cumplen penas por narcotráfico.

Entre los asistentes confirmados están Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Edwar Cobos (Diego Vecino), Fredy Rendón (El Alemán), Martín Llanos y Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada).

También estarán Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes (El Águila), Arnubio Triana (Botalón), Héctor José Buitrago (El Patrón) y Manuel de Jesús Pirabán (Pirata), entre otros.

Durante los dos primeros días, los exjefes sostendrán reuniones privadas entre ellos y sus abogados para ajustar los planes de trabajo individuales y colectivos. El viernes 24 tendrán una sesión con los delegados del Gobierno nacional, en la que se espera concretar los compromisos institucionales, la metodología de acompañamiento y las prioridades del proceso.

Aunque por la magnitud del encuentro algunos lo interpretan como la instalación oficial de la mesa con los exjefes de las AUC, la Oficina del Comisionado para la Paz (OCCP) no ha confirmado que se trate de ese acto formal. De hecho, ya hubo una instalación simbólica en mayo pasado en Córdoba, encabezada por el entonces comisionado Otty Patiño, tras una serie de tensiones con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El encuentro en Valledupar busca aterrizar los compromisos que el Gobierno y los exjefes de las AUC deberán desarrollar dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, que amplió la figura de gestores de paz, y de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), cuya implementación quedó inconclusa tras las desmovilizaciones paramilitares de hace dos décadas.

Entre los temas que se espera que sean discutidos está la posibilidad de actualizar o reformar el marco legal de Justicia y Paz, así como la figura de sometimiento, para adaptarla a la etapa de cierre del proceso paramilitar.

También la se espera que los exjefes entreguen versiones más completas sobre los crímenes cometidos, colaboren con investigaciones pendientes y aporten información para localizar fosas y víctimas desaparecidas.

Durante el primer encuentro con los exparas el pasado 1 de octubre, el ministro Benedetti dijo que la verdad puede tocar a la clase política. “A ver, nos hemos reunido con los 16 gestores de paz designados a una resolución por el señor presidente, y esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia, y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ellos, que además fue cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de sus actores políticos hoy son candidatos, ya veremos qué es de todo eso, termina siendo verdad o sustentándose en lo que se debe a hacer”, afirmó.
Además, el gobierno insistirá en reactivar los mecanismos para la recuperación de bienes ilegales o no reportados, con el fin de destinarlos a la reparación de las víctimas.
El encuentro también servirá para revisar la situación de centenares de exintegrantes de las AUC que permanecen privados de la libertad, pese a haber cumplido con los compromisos de desmovilización.
“Nosotros hoy podemos empezar la primera tarea: alguna de las personas que están detenidas aquí cómo se puede buscar la liberación de ellos y cómo puedan estar por fuera. Ese es el primer punto que hay que buscar jurídicamente a través del equipo de cómo se puede hacer como gestores de paz. (…) Se le mejoran el sitio de la misión o también puede estar afuera. Yo creo que eso es importante para el proceso”, afirmó Benedetti en la reunión del 1 de octubre.
Valledupar fue uno de los epicentros del paramilitarismo en la Costa Caribe y base de operaciones de varios bloques de las AUC, entre ellos el Bloque Norte, comandado por Jorge 40. Desde allí se expandieron estructuras que controlaron amplias zonas del Magdalena, La Guajira, Bolívar y el sur del Cesar, donde se registraron miles de asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones.

El retorno de varios de sus antiguos jefes a ese territorio, bajo el amparo de la política de Paz Total, tiene una carga simbólica profunda: es el primer intento institucional serio por cerrar el ciclo inconcluso del proceso de Santa Fe de Ralito, 20 años después de la firma de aquel acuerdo de desmovilización.

La reunión se da unos días después de la visita de Salvatore Mancuso a la Casa de Nariño, donde recibió oficialmente la acreditación como gestor de paz. Desde entonces, el Gobierno ha insistido en que el propósito de este proceso no es reabrir la negociación con las AUC, sino completar los pendientes judiciales y sociales que dejaron las fallas en la implementación de Justicia y Paz.

Sin embargo, el encuentro genera tensiones y reparos entre organizaciones de víctimas, que reclaman mayores garantías de participación y temen que los excomandantes retomen protagonismo sin que exista una evaluación real de su contribución a la verdad y la reparación.

Pese a las críticas, fuentes cercanas al proceso sostienen que hay un ambiente de mayor coordinación institucional y disposición política tras el cambio de liderazgo de este proceso de la OCCP al Ministerio del Interior. “El cambio ha sido del cielo a la tierra —dijo una fuente conocedora del proceso—. Hay eficacia, disposición y un nivel distinto de funcionarios. Esta vez hay voluntad real de cerrar bien lo que hace veinte años quedó abierto”. (Vía El Espectador).