En el país el ruido dejó de ser una simple molestia para convertirse en una conducta sancionable por la ley. Con la reciente expedición de la Ley 2054 de 2025 se dio un paso decisivo hacia la protección de la calidad acústica, regulando estrictamente los niveles de ruido en entornos urbanos, rurales y naturales. Esta norma establece responsabilidades claras para las autoridades ambientales, entes territoriales y la Policía, además contempla sanciones para quienes excedan los niveles permitidos.

Según Antonio Rudas, director de la Maestría en Gestión Ambiental de Areandina, sede Valledupar, la norma marca un antes y un después en materia de salud y convivencia ciudadana. “El objetivo principal de la ley es proteger la salud pública y el bienestar colectivo. Está demostrado científicamente que la exposición prolongada al ruido genera enfermedades físicas y mentales, y deteriora la calidad de vida tanto en humanos como en animales”, explica.

La nueva normativa, no solo refuerza el marco legal vigente —que incluía disposiciones desde la Constitución de 1991 y leyes como la 99 de 1993—, sino que además herramientas prácticas a la Policía Nacional para actuar ante situaciones de ruido excesivo. De hecho, ahora es posible que un agente pueda intervenir directamente para desactivar un equipo de sonido u otra fuente emisora de ruido y, si es necesario, imponer multas otorga que podrían alcanzar hasta diez salarios mínimos diarios legales vigentes ($ 474.500).

Que no lo cojan desprevenido

Entre las principales novedades de la ley está la obligación de armonizar los planes de ordenamiento territorial (POT) con las normas de restricción del ruido ambiental. Esto significa que las autoridades locales deberán definir zonas donde los niveles máximos de sonido estén estrictamente regulados, especialmente cerca de hospitales, escuelas, bibliotecas, áreas residenciales y ecosistemas protegidos.

El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones administrativas y económicas, e incluso en la clausura temporal o definitiva de los establecimientos reincidentes. Esto incluye bares, discotecas, iglesias, tiendas de barrio y todo tipo de locales comerciales. También aplica para fiestas privadas que interfieran con la tranquilidad de los vecinos.

En ese sentido, Rudas aclara que la intención no es eliminar las expresiones culturales ni de entretenimiento, sino adaptarlas al respeto por el entorno: “No se trata de prohibir la celebración ni la música, pero sí de garantizar que esta no afecte a terceros. Lo que antes se toleraba ahora debe replantearse desde el respeto al entorno y a los demás”.

Otro de los objetivos clave de la ley es promover tecnologías de bajo ruido en sectores como el transporte, la industria y los servicios. Asimismo, busca fortalecer la gobernanza ambiental, desarrollando estrategias de sensibilización ciudadana sobre los efectos nocivos del ruido y brindando capacitación a las autoridades para un control más eficaz.

A partir de ahora las fuentes emisoras de ruido serán controladas con sonómetros por parte de la Policía Ambiental y otras entidades designadas. Aunque la norma ya está vigente, se otorgó un plazo de 18 meses a los ministerios de Ambiente y de Protección Social para actualizar su reglamentación y definir las estrategias de implementación.

Tenga en cuenta las excepciones y cómo se aplicará la nueva ley

Las denominadas «zonas de servidumbre acústica», destinadas a obras de infraestructura o actividades industriales que, por su naturaleza, generan altos niveles de ruido, no tendrán que asumir lo dispuesto por la actual normativa. También se permite cierta flexibilidad en actividades culturales, artísticas, religiosas o fiestas populares, siempre y cuando sean declaradas oficialmente por las alcaldías y se cumplan los límites establecidos.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente, junto al Ministerio de Salud y Protección Social, deberán liderar campañas educativas y coordinar con los entes territoriales la implementación progresiva de la ley. En paralelo, los ciudadanos también tendrán un rol activo, ya que podrán presentar quejas formales por contaminación acústica ante la Policía, las secretarías de Ambiente o las alcaldías locales.