Representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, comunidades étnicas, gremios y entidades territoriales y del Gobierno se reunieron este martes en el Congreso en torno al que consideraron como un hito en la reparación de las más de 9,9 millones de víctimas del conflicto armado en el país: la instalación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, este órgano interinstitucional fue convocado por la Unidad para las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social como cabeza del sector social. El objetivo es brindar claridad a los colombianos afectados por el conflicto armado sobre su asistencia, atención y reparación por medio de nuevas fuentes y mecanismos de financiación para la implementación integral de la Ley 2421 de 2024, que reformó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y cuyo costeo hasta 2031 supera los 161,18 billones de pesos, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación.

La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos Villamil, recordó que el país sigue en deuda con las víctimas del conflicto armado. “Garantizar sus derechos es un compromiso impostergable. Este paso que damos hoy es un reconocimiento histórico a todo el proceso y a la lucha que han encabezado las propias víctimas”, dijo.

Durante la instalación, se destacó que desde 2011 se han invertido alrededor de 13,3 billones de pesos en la reparación integral de las víctimas. Pero esta cifra no ha sido suficiente: sólo ha cubierto el 17 % de las 9,9 millones de víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas (RUV); entre ellas, más de 8,8 millones fueron desplazadas, más de un millón ha sido víctima de homicidio y cientos de miles han sufrido violencia sexual, desapariciones forzadas, tortura o reclutamiento forzado.