A pesar de las observaciones hechas por la Procuraduría, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- sigue sin avanzar en el proceso licitatorio para contratar los servicios de vigilancia electrónica para los privados de la libertad.

El llamado reiterativo del Ministerio Público intenta evitar que la entidad incurra, nuevamente, en la urgencia manifiesta, mecanismo excepcional utilizado consecutivamente para contratar en los últimos dos años.

Y es que el órgano de control, en sus tareas preventivas, presentó una serie de observaciones relacionadas con aspectos jurídicos y técnicos, tanto en los pliegos como en los estudios, que buscan garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.

Ante la Procuraduría urgió a la USPEC a que dirija todos sus esfuerzos y capacidad de gestión para que el proceso de selección culmine exitosamente, adjudicándolo al proponente que ofrezca las mejores condiciones y garantías para la prestación del servicio.

La empresa que viene prestando el servicio de vigilancia electrónica es la misma que rige desde octubre de 2021, amparada en la declaratoria continua de cinco urgencias manifiestas.

Dicha situación preocupa al órgano de control, no solo por el abultado presupuesto que se destina y que asciende a $ 113.116.982.400 sino porque esta acción podría ir en contravía de los principios de la función administrativa.