El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, dijo enfáticamente que la reforma a la salud que radicará el Gobierno Nacional en los próximos días debe darle a esta entidad herramientas para actuar de manera efectiva y rápida en el control de los actores que vulneran el derecho a la salud de los ciudadanos en Colombia.

“La ley 1949 del 2019 le entregó a la Superintendencia unos dientes, pero han sido dientes de leche, porque cuando va a morder al infractor se le caen”, dijo el Superintendente al agregar que los ciudadanos están padeciendo todo tipo de adversidades de salud que deben intervenirse con soluciones prácticas, rápidas y proactivas.

“Necesitamos una Superintendencia capaz de ejercer un control sancionatorio y correctivo que le garantice al ciudadano afectado una protección de manera rápida y que genere una actuación sancionatoria ejemplar para el que tiene la obligación de garantizar la protección”, añadió, en su exposición ante la Cumbre del Valle del Cauca para hablar de la Reforma Estructural al Sistema de Salud.

El Superintendente reveló que, por todos los canales de comunicación, en 2022 se recibieron 1.2 millones de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), que corresponden a manifestaciones de inconformidad o de insatisfacción de las personas frente a los servicios de salud que debían recibir.

De esas 1.247.137 (PQRD) radicadas en el año pasado, el 34 %, es decir 422.759 quejas, fueron clasificadas bajo la figura de ‘riesgo de vida’, debido a que necesitaban una solución inmediata de la Supersalud por el crítico estado de salud en que se encontraban los pacientes.

“El denominador común que evidenciamos es el de personas afiliadas a una agencia de aseguramiento (EPS) pero que no se encuentran aseguradas ni protegidas, sino que son expuestas a circunstancias donde su vida se encuentra en peligro y debemos actuar rápidamente para poder honrarles su derecho a la salud”, dijo el Superintendente Beltrán López.

En el top de los motivos que generan la mayor cantidad de quejas de los colombianos estuvieron: la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de medicamentos, la tardanza en la programación de exámenes de laboratorio y diagnósticos, así como la inoportunidad en la programación de cirugías.