El número de asesinatos de líderes sociales en Colombia tuvo una disminución del 19 % en el primer semestre de 2023 respecto al anterior, mientras que las masacres tuvieron un aumento del 11 %, según el balance dado este martes por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Esta oficina verificó 46 casos de homicidio de personas defensoras (39 hombres y 7 mujeres), aunque recibió 113 denuncias de asesinatos, mientras que registró 52 masacres (en total recibió 63 alegaciones) con 168 víctimas (124 hombres, 25 mujeres, 16 niños y 3 niñas).

En el semestre anterior, esta oficina registró 57 asesinatos de líderes sociales, por lo que se produjeron 11 casos menos, lo que «es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable», cuestionó la representante en Colombia de esta oficina de la ONU, Juliette de Rivero.

Mientras que, respecto a las masacres, ONU Derechos Humanos registró 45 el primer semestre de 2022 y 47 el segundo para un total de 92 masacres en 2022, en una tendencia que va al alza.

«En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales», reportó De Rivero.

El desplazamiento forzado también ha descendido, ya que, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hubo una disminución del 33 % del desplazamiento y aumento del 2 % del confinamiento en el primer semestre de 2023.

Estas cifras se dan a pesar de la voluntad del Gobierno colombiano de negociar con todos los grupos armados que actúan en el país, que ha tenido su mayor evolución con la guerrilla del ELN, con quien tiene vigente un cese al fuego bilateral nacional desde el 6 de agosto.

Sin embargo, De Rivero aseguró que les «preocupa la continua expansión de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido».

Mejor articulación

Por ello, consideró que debe haber una «mejor articulación» entre la política de paz total, de seguridad humana y de desmantelamiento de bandas criminales en los territorios.

La expansión de estos grupos armados ha llegado acompañada «de medidas de control social violentas», que incluyen homicidios, amenazas, reclutamiento infantil o la imposición de extorsiones y carnets en las poblaciones para controlar el movimiento.

En particular, la ONU se mostró preocupada por el reclutamiento infantil, ya que ha recibido 57 alegaciones en 2023, de las que ha podido verificar 48 casos (34 niños y 12 niñas) y de las cuales la mayoría eran indígenas.

En algunos de los acuerdos llegados con grupos armados, como el cese al fuego con el ELN, no incluyen el reclutamiento infantil, al que se ven más vulnerables los menores en comunidades donde hay inseguridad alimentaria, un nivel de vida adecuado o donde hay una pérdida cultural por el impacto del conflicto, según la Oficina de la ONU para los DDHH.

«En ese sentido, exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales», pidió De Rivero.

Por último, la oficina ha recibido 42 alegaciones de violencia sexual o de género, de las cuales 27 han sido verificadas.

«Preocupan de manera especial las dinámicas de trata con fines de explotación sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y las violaciones de mujeres y niñas», aseguró De Rivero. (EFE).