La violencia se incrementó en 2022 en Colombia, año en el que fueron verificadas al menos 92 masacres y asesinados 116 defensores de derechos humanos, informó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual sobre el país.

La representante de esa oficina en Colombia, Juliette De Rivero, señaló en una rueda de prensa en Bogotá que en las 92 masacres verificadas hasta el momento fueron asesinadas 321 personas.

«La situación sigue siendo muy grave en los territorios», lamentó De Rivero, quien añadió que las comunidades en Colombia siguen enfrentando «mucha dificultad y mucha violencia».

También aumentaron las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento respecto al año anterior, pues en 2022 hubo 82.862 personas desplazadas (cerca del 19 % de ellas niños) y 102.395 confinadas, mientras que en todo 2021 fueron 73.974 los desplazados y 65.685 sufrieron confinamiento.

En 2022 hubo también un «incremento significativo» de homicidios contra integrantes de Juntas de Acción Comunal, particularmente en Arauca, Bolívar y Putumayo.

Del total de homicidios de defensores en 2022, el 45 % correspondieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo cual significa que de 13 casos en 2021 se pasó a 52 en 2022.

En cuanto a los firmantes de paz, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia verificó 50 asesinatos de excombatientes, elevando a 355 el número total desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El informe también destaca que el año pasado, 103 miembros de la Fuerza Pública murieron por acciones de organizaciones criminales y grupos armados y que se recibieron 71 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida cometidas presuntamente por Policía y Fuerzas Militares, de las cuales consideró que en 41 no se cometió una violación.

En este contexto, De Rivero recomendó una «reforma completa» de la Unidad Nacional de Protección.

Violencia sexual y reclutamiento

El informe deplora, por otro lado, «la violencia sexual y de género, que se utiliza como instrumento de guerra», así como el reclutamiento infantil.

La Oficina recibió información sobre la involucración de grupos armados no estatales en el traslado de mujeres a territorios de los departamentos del Chocó y Nariño, con el riesgo de posible trata con fines de explotación sexual, incluyendo niñas.

Además, en algunos casos, los grupos estarían seleccionando y trasladando directamente a las mujeres.

En 2022, se conocieron 115 casos de niños y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales. De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual.

De Rivero, sin embargo, alertó del «subregistro» de estas violaciones y abusos.

En esta línea, mencionó la necesidad de «implementar las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, presentado el mes de junio de 2022», especialmente el capítulo étnico.

Paz total

El informe hace hincapié en las políticas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en cuanto la «paz total» que este persigue y todas las medidas que se han adoptado para este propósito y teniendo en cuenta que la ONU resalta «la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos y de proteger a las poblaciones».

Esta nueva ruta emprendida por Petro, «además de construir un camino para llegar a la paz, incluye el compromiso de cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz», algo que De Rivero consideró como «fundamental» para avanzar hacia el fin de la violencia.

También destacó otras de las políticas como la reforma rural integral y la política de drogas, con un enfoque «menos punitivo, más social y de salud pública», así como la «transición hacia un modelo de seguridad humana».

La representante de la ONU celebró, por su parte, el acuerdo para la adquisición de tierras por parte del Gobierno e hizo un llamado al Ministerio de Agricultura y entidades del sector para generar un programa de acceso a la tierra para mujeres campesinas». (EFE).