La oficina de la ONU en Colombia ha documentado este año cuatro masacres y ocho denuncias de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en esta zona de la región Caribe, de acuerdo con El Heraldo.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, reiteró este miércoles su “profunda preocupación” por lo que describió como una “tragedia de derechos humanos” en la Sierra Nevada de Santa Marta por la presencia de grupos armados ilegales, señala el medio.

Indica el medio que, en lo que va de 2025, la oficina de la ONU ha documentado cuatro masacres y ocho denuncias de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso frente al mar Caribe, entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, habitado por los pueblos indígenas kogui, arhuaco, wiwa o arzario y kankuamo.

“La población sufre y tiene mucho miedo. He podido escucharlos y verlos llorar por el abandono y por la impotencia que viven por las acciones de los grupos armados no estatales y por la falta de protección del Estado”, señaló Campbell en un comunicado, tras una visita a la región realizada entre el 1 y el 4 de diciembre.

Campbell recordó que, un día antes de su llegada, el 30 de noviembre, fue asesinada en su vivienda, en la comunidad de La Laguna, Elizabeth Mojica, profesora indígena wiwa y defensora de los derechos de las mujeres y la niñez.

“Condeno este homicidio y urjo al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables y a tomar medidas efectivas para proteger a la población civil y, en particular, a mujeres, a niñas y a niños”, indicó.

El representante de la ONU agregó que el pasado 5 de diciembre se registró un atentado contra el defensor de derechos humanos Misael Socarrás, un hecho que calificó como “la última de muchas señales trágicas que evidencian que la situación sigue deteriorándose”.

Campbell denunció además las “inaceptables” violencias sexuales y de género contra mujeres indígenas, los casos de desaparición forzada y las “restricciones ilegales a la libertad impuestas por parte de los grupos armados no estatales que fijan horarios para la movilidad (…) y que usan artefactos explosivos improvisados en sus enfrentamientos, que luego quedan en el territorio y que a la fecha han causado la muerte de un indígena y heridas a al menos dos más”.

Asimismo, instó a los grupos armados a cesar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes utilizados en el conflicto, señala el medio.