La Misión de Observación Electoral – MOE- registró 57 hechos de violencia contra mujeres líderes políticas, sociales y comunales en el primer semestre de 2020. Esta cifra representa un incremento del 18.8 % frente al mismo periodo en 2019. De estos, 19 fueron contra lideresas políticas, 35 contra lideresas sociales y 3 contra lideresas comunales.

La violencia política contra las lideresas es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo año a año. De acuerdo al Informe sobre violencia contra líderes políticos, sociales y comunales elaborado por la MOE: “Un país sin líderes no es un país”, en el 2016 se registraron 17 hechos de violencia contra lideresas, mismos que incrementaron a 20 en el 2017, posteriormente a 29 en el 2018, a 48 en 2019 y finalmente, a 57 en 2020, tal como se observa en la gráfica siguiente:

Este incremento sostenido de la violencia política contra las mujeres explica la importancia de las iniciativas legales que actualmente están haciendo curso en el Congreso de la República para combatir las conductas que buscan impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de participación y/o representación política de las mujeres.

En la audiencia pública realizada por la Cámara de Representantes para tratar este tema, la MOE insistió en que es fundamental contar con una definición clara respecto a la violencia contra las mujeres en política, que incluya entre otros, los tipos de violencia y sus manifestaciones en el contexto colombiano.

De igual manera, señaló la necesidad de dotar de competencias a las autoridades electorales, al Ministerio Público y a los entes de control, para sancionar el fenómeno y buscar mitigar sus impactos sobre la vida política de las mujeres, mediante rutas de atención integral que cuenten con políticas diferenciales para las mujeres en sus múltiples diversidades.

La MOE finalizó su intervención invitando a las diferentes bancadas a acordar un solo proyecto de ley, a fin de evitar que los que actualmente están en curso terminen hundiéndose, fracasando de esta manera la posibilidad de adoptar y articular medidas de prevención, protección, sanción y reparación que contrarresten la violencia política contra las mujeres lideresas por razón de género.