La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977) ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía – más otros tres millones de euros en intereses -, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta», a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense «The Voice» (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira «era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial», tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el «plan» de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, «para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación» en estos años, mantiene el Ministerio Público español.

Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una «mínima tributación fiscal», de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero «en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos», asegura el Ministerio Público.

El equipo legal de la cantante ha mantenido varias conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó las ofertas. (EFE).