La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas creó tres nuevas subsalas regionales, que abarcarán la totalidad del territorio colombiano, para resolver la situación jurídica de por lo menos 6 mil integrantes de la fuerza pública que no serían seleccionados como máximos responsables en crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Estas Subsalas Especiales de Conocimiento y Decisión harán parte esencial de la estrategia diseñada por la Sala de Definición en la ruta no sancionatoria de la JEP. Y, son las encargadas de llevar a cabo el estudio de los procesos y los trámites necesarios para resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
De esta manera, la Sala se anticipa al proceso no sancionatorio en aquellos casos que aún no han expedido auto de imputación. Es decir, de Determinación de Hechos y Conductas en macrocasos como 04, 06, 07; y los recientemente abiertos: 08, 09, 10 y 11.
Los comparecientes que transiten por la ruta no sancionatoria estarán sujetos a la realización de obras y proyectos restaurativos como parte de sus contribuciones a la restauración y reparación del daño causado a las víctimas, las comunidades y los territorios.
Las tres subsalas creadas están divididas en tres grandes subregiones que se agrupan de la siguiente manera:
Subsala regional 1: La Guajira, Magdalena, Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila y Tolima.
Subsala regional 2: Chocó, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
Subsala regional 3: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca, Boyacá, Caldas, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Cundinamarca.
Asimismo, en el marco de la autonomía con la que trabajarán estas subsalas, también se encargarán de revisar los procesos de aquellos comparecientes que no clasifiquen en la investigación de los macrocasos por el tiempo en que ocurrieron los hechos. Revisarán los procesos de los comparecientes que hayan hecho parte de unidades militares que no están priorizadas en las investigaciones, pero que operaron en las regiones establecidas. Esto, con el fin de que se pueda continuar el proceso transicional bajo cada práctica o patrón macrocriminal determinados.
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