Bajo la premisa de hacerle entender de manera clara a la ciudadanía que la cárcel no es el único camino para quienes cometen un delito, y así evitar fenómenos como el hacinamiento, el Ministerio de Justicia y del Derecho, que lidera Wilson Ruiz Orejuela, sigue adelante con su Estrategia de Sensibilización y Concientización Ciudadana de la Política Criminal.

Esta es una campaña que impulsa el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa con su Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, y que reúne a actores estatales, académicos, privados y de la sociedad civil con el objetivo de transformar los paradigmas sociales e institucionales que giran alrededor de los fines del derecho penal y la privación de la libertad, así como de las medidas alternativas a partir del reconocimiento de los límites y efectos de la prisión frente a la resocialización de la población privada de la libertad.

Dicha estrategia se puso en marcha en 2020 y se dividió en dos fases, cada una correspondiente a un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia.

La primera fase se desarrolló a principios de año en Bogotá, donde tuvo lugar un seminario (158 participantes), un foro (127) y una mesa de expertos (10). Otra mesa de este tipo se desarrolló en Cali y en ella participaron 30 personas.

En esta fase se elaboraron productos como un documento metodológico y otro sobre la ruta pedagógica para sesiones de sensibilización y concientización; cuatro guías pedagógicas dirigidas a actores con incidencia en la política criminal (Rama Ejecutiva, Rama Judicial, Rama Legislativa y sociedad civil); una sistematización para actividades de campo; y un informe final con análisis de los diálogos realizados.

La segunda fase de la estrategia se desarrolló entre octubre y diciembre de 2020, e incluyó la elaboración de narrativas para la concientización sobre la importancia de la Política Criminal y el relacionamiento táctico para incidir en actores clave de dicho proceso de concientización.

También contempló la organización de espacios académicos de debate y reflexión para la promoción de la transformación de imaginarios relacionados con las medidas privativas de la libertad y su efecto sobre la criminalidad; la socialización de las guías pedagógicas desarrolladas en la primera fase; y la disposición de plataformas virtuales para la estrategia.

En segunda etapa contó con la participación de 35 expertos, 11 representantes de medios de comunicación y ONG´s de periodismo y libertad de prensa y 263 ciudadanos provenientes de la academia, organizaciones estatales y sociales, quienes asistieron a las mesas de expertos y al seminario ciudadano que se cumplieron entre el 2 y 16 de diciembre.

De esta segunda experiencia se obtuvieron significativos avances en cuanto a la comprensión de los fenómenos de seguridad ciudadana, los desafíos actuales en materia de política penitenciaria y las alternativas a la privación de la libertad.