Se empezaron a conocer los primeros decretos que expidió el Gobierno Nacional para atender la emergencia económica y social en La Guajira, la cual se estableció el pasado 2 de julio.

Uno de los que ya se hizo público es el 1276 del 31 de julio. Con este se quiere dar soluciones energéticas en La Guajira y, para esto, se incluirá en las facturas de energía un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, por $1.000 por factura que deberán pagar los usuarios de estratos 4, 5 y 6. Para usuarios comerciales e industriales, el cargo será de $ 5.000. Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $ 51.000 millones.

En el decreto se argumenta que “a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $ 100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago”. Y se agrega que de enero a mayo se ha realizado la prestación del servicio a un promedio de 3.216.987 usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 y de sectores comerciales e industriales.

“El porcentaje de estos usuarios corresponde a 19% del total de usuarios del país, que corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”, se lee en el documento.

Con todo esto, el objetivo del Gobierno también es financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira. Esta medida podría extenderse más allá del término de seis meses, si así lo decidiera el Congreso dentro del año siguiente.

Hay que resaltar el artículo 7 del mismo decreto en el que se da un alivio de suspensión de contratos de suministro de energía media anual a largo plazo para generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable.

Con esto se suspende temporalmente la obligación de suministro de energía de estas fuentes hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025. Según explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, con este artículo se podría impactar el valor de las tarifas para los usuarios, pero impulsa la reactivación de proyectos de energías limpias.

“Se va a tener que buscar otras fuentes para suministrar esta energía, que podría ser más costosa dada la coyuntura actual. Es decir, se va a tener que reemplazar esas fuentes que iban a suministrar esos proyectos. Es posible que se use energía térmica, lo que encarecerá tarifas”. (La República).