Desde la Defensoría del Pueblo rechazan categóricamente los señalamientos y descalificaciones que buscan desacreditar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los asuntos ambientales que promueven la convivencia pacífica en los territorios.

La deforestación, la pérdida de hábitats y la contaminación derivada de las actividades de minería ilegal, la extensión de la frontera agrícola y pecuaria, y los cultivos de uso ilícito son algunas de las economías que los grupos armados ilegales han consolidado, generando un impacto devastador en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos.

El más reciente mensaje del llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) es contraria a la realidad que enfrentan miles de colombianos y colombianas, y es un intento por deslegitimar las alertas y denuncias emitidas por organizaciones como CINEP.

La Defensoría del Pueblo ha advertido en varias alertas tempranas que el conflicto armado en Chocó afecta los procesos organizativos y de titulación colectiva, generando daños ambientales y socioculturales. El EGC y otros grupos controlan economías ilegales, como la minería de oro y la tala de árboles, lo que causa daños ecológicos y pone en riesgo a líderes y lideresas ambientales.

En las Alertas Tempranas como la 013-23, 014-23 y 021-20, se detallan los impactos de la minería ilegal y la contaminación en ecosistemas estratégicos, como el río Atrato y la Selva del Darién. Además, el EGC y el Eln generan altos riesgos para defensores y defensoras de derechos humanos que protegen el ambiente, incluyendo asesinatos, como el de una lideresa ambiental en 2020.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a que la protección y recuperación del ambiente, así como la protección de los liderazgos ambientales, sean un tema de primer orden en las mesas de negociación de paz y diálogos socio jurídicos con actores armados organizados”, señala la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz.