El Departamento Administrativo de la Función Pública en el desarrollo de las acciones del diseño de la transversalización de la paz, la memoria y la protección de las vidas en las administraciones públicas, viene analizando la posibilidad de integrar varias acciones que el Estado desarrolla para la juventud colombiana.

En particular los programas Estado Joven y Jóvenes en Paz, los servicios sociales para la Paz y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En ese sentido, en el Programa Estado Joven, más de 1.300 jóvenes iniciaron sus prácticas laborales el pasado primero de febrero en 271 entidades públicas nacionales, departamentales y municipales.

Estas prácticas las están realizando principalmente en municipios PDET y de frontera, en alcaldías de ciudades capitales y gobernaciones.

De estos jóvenes practicantes, 338 corresponden a población indígena, afrocolombianos, madres o padres cabeza de familia y víctimas del conflicto.

Entre tanto, en la iniciativa Jóvenes en Acción, se estima una participación de 100 mil jóvenes con subsidio condicionado que consiste en que estén estudiando y prestando una labor social o comunitaria.

Jóvenes en Paz es un programa para desescolarizados y desempleados que estén en alto riesgo de integrar grupos al margen de la ley que estará vigente entre 2023 y 2026, por lo que Función Pública se ha ofrecido para estructurar el tipo de vinculación en la administración pública.

Respecto al Servicio Social PDET, ordenado por la Ley 2221 de 2022, Función Pública a través de la Dirección de Empleo Público y el Grupo de Paz; con el apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra regulando este programa.

Este servicio social tiene como objetivo que los jóvenes que estén a punto de graduarse de sus carreras tecnológicas o universitarias en alguno de los 170 municipios PDET, realicen sus labores sociales en alguna de estas poblaciones.

En el caso del Servicio Social para la Paz, que se ordena regular por la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, Función Pública viene adelantando gestiones sobre cómo garantizar que esta alternativa al servicio militar obligatorio y al primer empleo, se pueda ofrecer lo más pronto posible.

Los cálculos que se tienen hasta ahora, estiman que se beneficiarían unos 400 mil jóvenes en el período del Gobierno del Cambio.