La Contraloría General de la República advirtió a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) sobre varios riesgos que podrían afectar los recursos públicos y el acceso al crédito de los productores del campo, tras la expedición de la Resolución 10 de 2025, cuyo objeto es modificar la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural.

Para la Contraloría General resulta jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa, generando un escenario de incertidumbre regulatoria, pérdida de confianza en el sistema de crédito rural y exposición a contingencias financieras que podrían comprometer recursos del orden nacional.

El organismo de control encontró que la norma fue publicada sin contar con los estudios técnicos completos que debían justificarla. Esto significa que la ciudadanía y los actores del sector opinaron sobre una propuesta que aún no tenía el análisis necesario para respaldarla.

Además, la CNCA no solicitó el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio, un paso obligatorio cuando una regulación puede impactar la libre competencia económica.

También se advirtió que la Comisión estaría asumiendo decisiones que podrían exceder sus competencias, como modificar condiciones de los Títulos de Desarrollo Agropecuario y definir tasas diferenciadas, lo cual pone en riesgo la validez de la resolución.

Desde el punto de vista financiero, no se realizaron los análisis que permitan medir el impacto de la medida en entidades como Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, lo que podría afectar su estabilidad.