Un juez con funciones de control de garantías de Valledupar (Cesar) acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y judicializó a cuatro personas, tres mujeres y un hombre como presuntos responsables del delito de extorsión agravada.

De acuerdo a la investigación, serían los encargados de recibir los dineros que eran depositados por las víctimas a través de empresas de giros y entidades bancarias.

Se trata Any Paola Serpa Orozco, Mileydis Andrea Ballesteros Rojas, María Eustaquia Vásquez Torres y Edis Alberto Mercado González, quienes, de acuerdo con la investigación, serían los encargados de recibir los dineros que eran depositados por las víctimas a través de empresas de giros y entidades bancarias bajo la amenaza de atentar contra sus familiares en caso de negarse a sus exigencias.

Labores de Policía Judicial permitieron evidenciar que los implicados obtenían información mediante el uso de directorios telefónicos, llamadas simuladas de empresas financieras, clasificados de prensa, recopilación de información de la población reclusa entre otros.

De igual forma se logró identificar que las llamadas extorsivas eran realizadas desde la cárcel Picaleña, de Ibagué (Tolima), la cárcel de Cómbita (Boyacá), el Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Esperanza, de Guaduas (Cundinamarca) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar).

La captura de los implicados estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y uniformados de la Policía, en Valledupar y en zona rural del Cesar.