La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió judicializar a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que estarían involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destino final a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.

Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesias Sanjuan, sería el principal articulador del andamiaje criminal. Al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón (La Guajira), contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico).

El otro servidor público, identificado como Rafael Púa Ríos, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.

Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.