Para los familiares de Rafael Mejía, Alejandro Durán, Óscar Bocanegra, Harold Pérez y Antonio Tobías terminó una búsqueda de años. La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) les entregaron de manera digna los cuerpos de sus seres queridos, quienes fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, luego de ser presentados como presuntos integrantes de grupos armados y falsamente reportados como bajas en combate por el Ejército, en La Guajira.

Estas cinco víctimas tenían otras cosas en común: sus cuerpos no habían sido plenamente identificados en el cementerio de San Juan del Cesar; no residían en el municipio donde fueron asesinadas; y todas habían aceptado una oferta laboral en busca de mejorar sus condiciones económicas. Así se determinó en las investigaciones desarrolladas por el despacho del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, junto con los magistrados Gustavo Salazar y Óscar Parra, en el marco del Caso 03 que prioriza los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

El cuerpo de Rafael Mejía fue entregado en Guamal, Magdalena; el de Alejandro Durán, en Codazzi, Cesar; el de Óscar Bocanegra, en Villavicencio; el de Harold Pérez, en Barranquilla; y el de Antonio Tobías, en Fundación, Magdalena.

Los cuerpos fueron ubicados e identificados mediante investigación y análisis forense, resultado del trabajo liderado por la JEP y la Unidad de Búsqueda, con el acompañamiento de otras entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Medicina Legal había solicitado a varias entidades estatales la protección del Cementerio Central de San Juan del Cesar, pues tenía la hipótesis de que allí podrían encontrarse víctimas del conflicto armado desaparecidas. En 2023, la Unidad de Búsqueda, por su lado, hizo unas investigaciones preliminares que mostraban indicios de que en ese lugar podría haber puntos de interés forense, donde era factible hallar Cuerpos en condición de No Identificados e Identificados No Reclamados.

En respuesta, el 18 de abril de 2024 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medida cautelar para proteger ese camposanto en el marco de las investigaciones del Caso 03 (en el Subcaso Costa Caribe) en el que se investigan los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.