La JEP solicitó investigar el paradero de 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos durante el conflicto armado. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad hizo este llamado a más de cinco instituciones del Estado, a las cuales les solicitó información que permita esclarecer la situación de estas víctimas que fueron incluidas en los listados que el Ministerio de Defensa le entregó a esta Jurisdicción.

Por medio del auto 552, se ordenó remitir la información a la Fiscalía General de la Nación, la Sección de Investigación Criminal (Sijin), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, con el fin de avanzar en la identificación y localización de las personas incluidas en los listados.

La decisión adoptada por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez se enmarca en la medida cautelar nacional establecida para garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. Precisamente, la cifra fue presentada el 12 de diciembre durante una audiencia de seguimiento a las medidas implementadas para cumplir con la Ley 2364 de 2024, que protege los derechos de las mujeres buscadoras.

Los datos entregados por el Ministerio de Defensa señalan que los 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos incluyen a 384 del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional. Aunque el detalle de esta información es de carácter reservado debido a la investigación judicial, su presentación general representa un avance clave en las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer estos casos.

Los listados presentados incluyen el número de desaparecidos en servicio activo hasta la fecha, junto con sus nombres completos, números de identificación y las regiones donde ocurrieron las desapariciones. “La búsqueda de los desaparecidos no es solo un acto de justicia, sino un deber ético con quienes dejaron un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad», señaló el magistrado Raúl Sánchez durante la audiencia.