La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP otorgó a la Fiscalía General de la Nación (FGN) un plazo de 45 días para entregar información clave que permita avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de 546 miembros de la fuerza pública víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.

Esta misma solicitud fue extendida a la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional (Sijín), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

La orden hace parte del seguimiento a la medida cautelar nacional adoptada por la SARV en 2024, con el objetivo de garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. Con esta decisión, la JEP busca agilizar la ubicación de los miembros de la fuerza pública desaparecidos, articulando esfuerzos institucionales que permitan avanzar en su identificación.

Los 546 miembros de la fuerza pública víctimas de desaparición forzada fueron reportados por el Ministerio de Defensa Nacional durante una audiencia realizada el 12 de diciembre de 2024. En esta sesión, se expusieron las acciones implementadas para implementar la Ley 2364 de 2024, destinada a proteger los derechos de las mujeres que buscan víctimas de desaparición forzada.

Los datos entregados por el Ministerio de Defensa señalan que los 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos incluyen a 384 del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional. Aunque el detalle de esta información es de carácter reservado debido a la investigación judicial, su presentación general representa un avance clave en las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer estos casos.

Además del plazo otorgado a la Fiscalía General de la Nación para aportar información sobre estas personas desaparecidas, la sección ordenó al Ministerio de Defensa precisar los documentos de identificación de 62 de ellas en un término de 10 días. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator de la medida cautelar nacional, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para superar las barreras estructurales que han dificultado los procesos de búsqueda e identificación.