Este martes (27 enero), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad llevará a cabo la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional contra el coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, luego de que decidió no aceptar responsabilidad como máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe.

El proceso se desarrolla después de que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusó por 24 hechos victimizantes que dejaron al menos 38 personas asesinadas; de ellas, 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.

En esta diligencia, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, quien conducirá el juicio, definirá las pruebas que serán debatidas, establecerá la participación de las víctimas, fijará el calendario de audiencias y le preguntará al acusado si acepta o no responsabilidad por los hechos investigados. En esta etapa procesal, la UIA, en su rol de órgano acusador, buscará demostrar la responsabilidad del acusado, mientras que Figueroa Suárez y su abogado ejercerán su derecho de defensa y podrán presentar elementos de prueba que también serán analizados por la sección.

La ruta adversarial, prevista para los máximos responsables que no aceptan responsabilidad, se activó cuando Figueroa Suárez rechazó la imputación formulada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el marco del Subcaso Costa Caribe del Caso 03. En ese proceso, el coronel en retiro comandó el Batallón de Artillería N.° 2 ‘La Popa’, tras relevar en el cargo al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien, tras no reconocer responsabilidad y ser hallado culpable por 35 hechos que dejaron 72 víctimas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, fue condenado a 20 años de privación de libertad.

En el caso de Juan Carlos Figueroa Suárez, el proceso también avanza por la vía adversarial y, en ese marco, el 23 de noviembre de 2023, la Unidad de Investigación y Acusación presentó la acusación formal ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. La UIA lo señala por su presunta participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, ocurridas cuando fue comandante del Batallón ‘La Popa’, entre enero de 2004 y julio de 2005.

De acuerdo con el escrito de acusación de la UIA, existen elementos que indican que Figueroa Suárez conocía lo que estaba ocurriendo y no ejerció el control debido sobre sus subordinados, quienes habrían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por estos mismos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz impuso sentencia de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad, quienes deberán realizar trabajos en favor de las víctimas.

La mayoría de las víctimas fueron civiles indefensos. Varias se encontraban en condición de vulnerabilidad y al menos una tenía una discapacidad mental. La investigación también estableció que algunos de los hechos ocurrieron fuera del área de jurisdicción del Batallón ‘La Popa’, desde donde se habría trasladado a víctimas reclutadas en distintos puntos de la Costa Caribe. Asimismo, durante ese periodo se registraron prácticas de estigmatización por parte de integrantes de esa unidad contra los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.

Una vez el coronel en retiro Figueroa Suárez decida si acepta o no responsabilidad se definirá el rumbo de este juicio. En caso de no aceptar, la diligencia continuará y se fijarán las fechas de las audiencias en las que se presentarán los alegatos iniciales o teoría del caso y se escuchará a los primeros testigos. Por el contrario, si acepta responsabilidad, el proceso seguirá la ruta prevista para el reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa y la imposición de una Sanción Alternativa, que implica de 5 a 8 años de privación de libertad.