La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP modificó las medidas cautelares adoptadas sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS para que el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política archivística del país, realice el diagnóstico integral, clasificación, organización e inventario técnico de todos los archivos que tiene bajo su custodia.

La decisión responde a las recomendaciones propuestas durante la mesa técnica realizada en enero de 2019 que contó con la participación de entidades estatales, Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos. Asimismo, tuvo en cuenta la propuesta metodológica para la organización de documentos y el levantamiento de inventarios documentales que presentó el Archivo General de la Nación en diciembre de 2021.

La JEP ordena que la propuesta metodológica que marcará la ruta del proceso documental sea trasladada a las entidades y demás actores vinculados al trámite que lleva la sala, para que en un término de 30 días calendario presenten sus observaciones frente a la propuesta y se pronuncien sobre a la modificación de las medidas cautelares contenidas en el auto 182 del 25 de abril de 2023.

Con la orden judicial emitida por el despacho del magistrado Óscar Parra Vera, se espera que además de realizar un levantamiento de inventario orientado a identificar, ubicar y registrar la información con el fin de mitigar riesgos de destrucción, alteración, falsificación, sustracción y modificación, también se determine cuáles de estas piezas corresponden a archivos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, de especial interés para la memoria histórica, la justicia transicional y la construcción de paz.

Con la autorización que otorga la sala se modifican los términos de la medida cautelar adoptada en marzo de 2018, y se ordena que en lo sucesivo se continúe dando cumplimiento a los protocolos establecidos en la ley para la consulta y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, bajo el principio de coordinación entre el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia.

En todo caso, sin embargo, la Sala de Reconocimiento continuará haciendo seguimiento al tratamiento de la información, para lo cual podrá solicitar informes con la periodicidad que estime pertinente.

Según lo que expone la magistratura en el auto sobre la propuesta de intervención a los medios y soportes de almacenamiento de datos de los archivos, “es ideal que los documentos sean clasificados de tal manera que se pueda facilitar su consulta, enfocándose en la construcción de un inventario, que no ponga en peligro a las personas relacionadas en aquellos o amenace con violar sus derechos fundamentales».

Asimismo, en la decisión judicial la Sala de Reconocimiento autorizó a la Dirección Nacional de Inteligencia para que dé trámite favorable al ingreso de las personas que sean designadas por el Archivo General de la Nación y que procederán con el diagnóstico, clasificación, organización e inventario técnico de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados que tiene en custodia del DAS.

Las medidas cautelares se mantendrán en firme: “La importancia del inventario no solo se relaciona con la posibilidad de preservar los archivos, sino en tener certeza de cuáles corresponden a archivos de derechos humanos, lo que permitirá a su vez garantizar el acceso y consulta a las víctimas y a la sociedad, en aras de proteger los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición», advirtió el magistrado Óscar Parra Vera.

Finalmente, la Sala de Reconocimiento convocó la instalación de la segunda sesión de la mesa técnica con el fin de socializar las observaciones en torno a la modificación de estas medidas cautelares.