La Superintdencia de Transporte investiga a 14 secretarías de tránsito por presuntamente instalar y poner cámaras de fotodetección sin cumplir los requisitos, mientras que la Entidad revisa la situación de estos sistemas utilizados por 40 organismos de tránsito en diferentes regiones del país.

En ese orden de ideas, la Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, inspección y control que ejerce frente a los organismos de tránsito, trabaja para que los Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito (SAST) utilizados en el país cumplan con las normas dispuestas para tal actividad. En atención a esto, recientemente formuló cargos contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago y la Oficina de Tránsito y Transporte de Magdalena, entidades que presuntamente instalaron y pusieron en operación en su jurisdicción SAST sin contar con la autorización previa y/o sin tener la señalización adecuada que advierta de su presencia.

El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, precisó que “los organismos de tránsito tienen que ser conscientes que si colocan sistemas sin autorización se exponen a sanciones por parte de la SuperTransporte, sin perjuicio de otras consecuencias legales. La entidad continuará escuchando a los ciudadanos para investigar a quien esté infringiendo la Ley”.

Los 40 organismos de tránsito a los que se le abrió investigación preliminar corresponden a los municipios de Barranquilla, Aguachica (Cesar), Palmira, El Rosal, Sabaneta, Sibaté, Floridablanca, Piendamó, Cartago, Santander de Quilichao, Fundación, La Estrella, Fonseca, Bello, Guasca, Soacha, Mosquera, Barrancabermeja, Turbaco, Envigado, Medellín, Ciénaga, Bogotá, Villeta, Cota, Los Patios, San Juan Nepomuceno, Cali, Arjona, Cajicá, Clemencia, Galapa, Planeta Rica, Codazzi (Cesar), Yotoco, Yumbo y La Dorada, y los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cundinamarca (Sede Operativa Chocontá).

En caso de que los organismos de tránsito sean encontrados responsables por los incumplimientos de los criterios técnicos y tecnológicos aplicables a los SAST, se podrán suspender las ayudas tecnológicas hasta tanto estos cumplan con la norma. En cuanto al no suministro de información, los investigados podrán ser multados hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).