La Procuraduría General de la Nación exhortó a los entes territoriales del orden departamental, distrital y municipal y a otras entidades para que realicen todas las gestiones sobre reconocimiento y pago de los costos de vacunación contra el covid – 19.

El ente de control, a través de la Circular 08 del 9 de julio de 2021, solicitó a los entes territoriales realizar seguimiento y vigilancia a las entidades habilitadas para vacunar contra el covid -19 con el fin de asegurar el pago de las actividades asociadas al Plan Nacional de Vacunación y el flujo de los recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Asimismo, la Procuraduría requirió a las entidades territoriales que soliciten capacitaciones al Ministerio de Salud y Protección Social, para los diferentes prestadores, con el fin de mejorar el proceso de digitación y cargue de la información sobre la aplicación de las vacunas en el sistema de información nominal “PAIWEB”, a fin de que se radiquen ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) las cuentas de cobro y/o facturas relacionadas con la aplicación de la vacuna para el covid – 19.

Según el informe de pagos presentado por la UNGRD, a 7 de julio del 2021 se tiene que, de los 20.198.661 millones de dosis aplicadas, se han digitado 12.304.232 millones correspondientes al 61 % y se han presentado a la UNGRD 798.459 correspondientes al 12 % de dosis aplicadas, para un pago total del 3 % de dosis aplicadas.

Para el Ministerio Público estas demoras podrían tener un efecto negativo en la continuidad y efectividad del Plan Nacional de Vacunación, en el pago de las obligaciones prestacionales al personal vacunador y en la garantía al derecho fundamental a la salud.

Por último, la Procuraduría instó a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes Especial y de Excepción en Salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los entes territoriales a mantener una continua comunicación y socialización con las entidades vacunadoras frente a los criterios establecidos para el registro de la población vacunada, entre otras cosas, para así lograr la liquidación nominal.