La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instó a los funcionarios del Ministerio Público: personeros municipales y distritales; defensores del pueblo regionales y seccionales; y procuradores regionales, provinciales y distritales, a garantizar en todo el territorio nacional, la atención, orientación y toma de declaración de víctimas del conflicto armado, para que puedan acceder a ayudas humanitarias y medidas de asistencia y reparación, previstas en la Ley de Víctimas.

La jefe del Ministerio Público, por medio de la Directiva No. 22, recordó a los servidores que tienen el deber legal de tomar declaraciones a personas que se consideren víctimas del conflicto armado, y brindar atención y orientación a las mismas durante su proceso de evaluación de ingreso al Registro Único de Víctimas (RUV), para que puedan acceder a los beneficios de planes y programas de la política pública de víctimas.

Para Cabello Blanco, el diligenciamiento del Formato Único de Declaración de solicitud de inscripción en el RUV, es una actividad de carácter permanente y obligatorio, y en consecuencia, los funcionarios “no podrán negar la atención a las víctimas y les está prohibido direccionarlas a otras dependencias que tengas similares responsabilidades”.

Además, especificó en el documento que los servidores deberán darle prioridad a la toma de declaraciones de víctimas en situación de desplazamiento y reiteró el compromiso de velar porque estas gocen efectivamente de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición.

Así mismo, reafirmó el apoyo del Ministerio Público en las jornadas de toma de declaraciones en línea a los miembros de la fuerza pública, en coordinación con la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Defensa, y solicitó disponer del personal capacitado para atender estos espacios en coordinación con la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

Frente al funcionamiento de los centros regionales de Atención y Reparación a Víctimas reiteró a personeros, defensores y procuradores, que deberán asistir y atender a las víctimas, de acuerdo con su competencia y responsabilidad institucional.

Por último, enfatizó en que los funcionarios están en la obligación de conocer la ruta de atención y orientación a víctimas, de mantenerse informados y actualizados sobre las medidas previstas en la política pública de asistencia, atención y reparación, así como en la forma de acceder a ellas, de manera que siempre puedan brindar información correcta y oportuna.