En Valledupar se desarrolló una nueva audiencia pública para la modificación y actualización de la Ley 1448 de 2011, instrumento legal que faculta a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el restablecimiento de los derechos de las víctimas sobre tierras abandonadas y/o despojadas forzosamente por causa del conflicto armado.

En la jornada de participación y encuentro de las organizaciones de víctimas e instituciones con la Cámara de Representantes, se pusieron en discusión los cuatro proyectos de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tres de ellos sugeridos por iniciativa parlamentaria, y uno que forma parte de las propuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, para atender el aporte de las entidades gubernamentales que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

En este espacio de concertación, en el que se reconoció el impacto positivo e histórico de la Ley 1448 de 2011, principalmente se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los procesos de reparación, restitución de tierras y los mecanismos para la garantía de no repetición, en el marco de un gran acuerdo nacional por parte de las organizaciones de víctimas, las entidades del Estado y el Legislativo.

La directora territorial de la URT para los departamentos de Cesar y La Guajira, Astrid Navarro Rodríguez, recalcó en su intervención el alcance de las modificaciones propuestas por la entidad, entre las que destacan las funciones jurisdiccionales de carácter excepcional: estas darían celeridad a los procesos de restitución de tierras en los que no se presente oposición en la etapa judicial, un obstáculo que a juicio de la URT debe superarse.

Navarro también abordó otra de las modificaciones a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se refiere al proceso de caracterización de los terceros intervinientes, procedimiento enmarcado en el enfoque de Acción sin Daño que se desarrolla en la Unidad.

«Desde la URT hacemos parte de la construcción colectiva de la reforma a la Ley 1448 de 2011, como un mecanismo participativo para que las voces de actores sociales, víctimas y entidades sean escuchadas y consideradas en las ponencias legislativas de modificación y actualización de la ley, lo cual tributa a la consolidación de una sociedad colombiana más justa», indicó la directora territorial.

Las diversas organizaciones de víctimas presentes en la audiencia pública precisaron algunas situaciones que dificultan la reparación integral, al tiempo de elevar propuestas a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.