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El Departamento Administrativo de la Función Pública informó a las y los servidores públicos de todas las entidades del orden nacional que ya inició el período para la actualización de la declaración de bienes y rentas.
La entidad manifestó que el período en el que tendrán que realizar esta actualización comenzó el pasado lunes primero de abril y finalizará el próximo 31 de mayo de 2024.
De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, cerca de 1.053.118 servidores públicos del orden nacional deberán presentar su declaración periódica de bienes y rentas.
Esta cifra comprende los servidores de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, entre ellos docentes y uniformados, la Rama Judicial y Legislativa, los entes autónomos, los órganos de control, la organización electoral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Para ello deberán diligenciar el Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encontrarán en el SIGEP II.
En el que se les solicitará información como datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar y bienes patrimoniales del servidor o servidora, así como, ingresos laborales y no laborales, entre otros.
La información que los servidores están obligados a reportar corresponde a la vigencia 2023, es decir el periodo entre el primero de enero de 2023 hasta el 31 diciembre del mismo año.
“El Gobierno del Cambio es un Gobierno transparente al servicio de las ciudadanías, por lo tanto, es una obligación de todas y todos los servidores públicos del país presentar su declaración de bienes y rentas en aras de fortalecer la relación entre el Estado y las ciudadanías”, expresó César Augusto Manrique, director general de Función Pública.
La entidad reiteró que todas y todos los servidores públicos deben hacer la declaración de bienes y rentas cuando ingresan a una entidad, durante su permanencia en ella y cuando se retiran, como lo señala la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015.
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