Ante un juez de Riohacha (La Guajira) la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Alejandro Rutto Martínez, secretario de Hacienda de La Guajira durante el periodo 2018 – 2019, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción al ciudadano.

Los hechos evidenciaron que la Asamblea Departamental expidió una ordenanza para la obtención de recursos mediante la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo donde el tope del recaudo era de 100.000 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra se sobrepasó en 8.000 millones.

Según las investigaciones, el exfuncionario habría expedido el 3 de abril del 2019 un acto administrativo desconociendo el concepto de la oficina Jurídica de la Gobernación, en la que se recomendaba la no realización del cobro debido a que causaría un detrimento para el departamento, esto ante las reclamaciones hechas por distintas ONG de la región que exigían la devolución de los recursos pagados fuera de los topes permitidos por la ordenanza.

De igual forma se pudo evidenciar que habría transcurrido más de un año sin que hubiese respuesta a los reclamantes de los recursos, lo que originó la acción del ente investigador.