La Procuraduría General de la Nación identificó los riesgos en la contratación por la emergencia sanitaria de la Covid-19 y le hizo un llamado a los representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades estatales, incluidos los alcaldes y gobernadores, para que los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios necesarios para contener la pandemia, cumplan con los principios de la contratación pública, garanticen el uso adecuado y prioritario de los recursos y atiendan a la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de dineros públicos.

A través de la Directiva 16 el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, precisó que el ente de control, en desarrollo de la acción preventiva iniciada para vigilar contratos por más de $1,4 billones que suscribieron el Gobierno Nacional y los entes territoriales, identificó entre las amenazas más recurrentes la compra de bienes o servicios con sobreprecios, independientemente de las posibles distorsiones del mercado.

Así mismo, convenios que no eran prioritarios, entre ellos los de publicidad para resaltar la imagen de alcaldes, gobernadores o partidos políticos o la adquisición de material publicitario impreso, radial, fotográfico o virtual sobre prevención de la Covid-19, dirigido a población con acceso a televisión e internet y que cuentan con información suficiente.

Otro de los riesgos que identificó la Procuraduría giró alrededor de la falta de justificación previa de la necesidad de contratos. En algunos casos no quedó claro si los recursos estaban destinados a contener la emergencia o hacen parte del giro ordinario de las funciones de la entidad. Entre estos figuró la adquisición de ayudas humanitarias sin identificar la población vulnerable con base en la cual se determinó el número de mercados y compra de bienes, sin cotizaciones o fuentes de información sobre precios.

La deficiencia en la justificación también incluyó la entrega de bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia sanitaria, pero que fueron destinados a otros fines. Según los reportes se hizo la donación de mercados a población no vulnerable o no necesitada o con fines políticos, con lo que se desatendió la satisfacción de las necesidades de hogares pobres o vulnerables que no están cubiertos por programas como Familias en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario.

El Ministerio Público encontró contratación por urgencia manifiesta que no está relacionada con la contención de la Covid-19, como la vinculación de personal administrativo y mantenimiento de parques.

Así mismo, la falta de idoneidad del contratista, por no tener la capacidad financiera o la experiencia para ejecutar en forma eficiente y adecuada los compromisos asumidos. En la mayoría de los casos en el objeto social de las empresas, fundaciones o asociaciones no figuraban actividades relacionadas con las requeridas para ejecutar el contrato, como ocurrió con un convenio para el suministro de ayudas humanitarias celebrado con una persona jurídica dedicada a organización de eventos sociales.