En el marco de la VII Sesión Ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, informó que Instituto atiende a más de 125.000 familias con sus niñas y niños wayuu en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 y reiteró que superar la crisis humanitaria en La Guajira exige ir más allá del asistencialismo.

«La pregunta clave no es cuántos litros de agua se entregan, sino qué comunidades ya lograron tener agua potable, seguridad alimentaria, educación y salud básica. Ese es el verdadero indicador de avance», afirmó, haciendo referencia a la importancia de que las entidades de gobierno lleguen a territorio juntos y a tiempo.

Cáceres destacó la necesidad de fortalecer el Comité de Emergencia Nutricional, articular esfuerzos con las EPS, la Superintendencia de Salud y los alcaldes, e impulsar estrategias que permitan visibilizar los logros de municipios que han logrado reducir la mortalidad infantil.

Además, insistió en la importancia de avanzar en un diálogo con las comunidades para transformar el modelo de atención social y garantizar corresponsabilidad, con respuestas integrales y sostenibles que respondan a las particularidades culturales del pueblo wayúu.

Durante la jornada, el Ministerio de Salud también resaltó el trabajo articulado con Bienestar Familiar en territorios con alta vulnerabilidad materna, e hizo énfasis en el seguimiento a gestantes y niños con bajo peso al nacer, la formación de promotores comunitarios y la identificación de comunidades sin acceso a agua ni cobertura institucional, como parte de una respuesta con enfoque territorial.

El encuentro, presidido por la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera Medina, permitió evaluar los avances del plan estructural, tras la culminación del plan provisional y contó con la participación del Ministerio del Interior a través de su Dirección de Asuntos Étnicos, presentando el protocolo Ologa Puzianas —traducido como «Solicitud de ayuda, palabras de consejo»—, una práctica ancestral wayuu que será incorporada como herramienta para garantizar que las políticas públicas respeten y se alineen con la cosmovisión y formas propias de gobernanza del pueblo wayúu.