La Contraloría General de la República reitera la advertencia emitida en 2023 a la Supersalud, sobre el grave y progresivo deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, situación que amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Tras un análisis de las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, la Contraloría evidenció que los riesgos advertidos hace dos años no solo persisten, sino que se han agravado de manera significativa. El incremento acelerado de la cartera hospitalaria, el deterioro del flujo efectivo de pagos y la profundización de la crisis financiera de los hospitales públicos están afectando de manera directa la continuidad, la oportunidad y la calidad en la prestación de los servicios de salud.

El órgano de control señala que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido.

Ante este escenario, la Contraloría considera necesario reiterar la Advertencia y vincular al rector del sistema, al constatar que la problemática compromete de manera directa al Ministerio de Salud y Protección Social, en su calidad de responsable del diseño, la regulación y la supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de los recursos.

De acuerdo con información suministrada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42 % entre el 2024 y el 2025, al pasar de $ 4,5 billones a $ 6,4 billones. Esta brecha entre lo facturado y lo efectivamente pagado ha impactado severamente la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos.