En el marco del seguimiento a la política pública de seguridad vial, la Contraloría General de la República reitera su preocupación por la población afectada – víctimas y lesionados – en eventos de transporte.

En los años 2022 y 2023 se tuvieron los registros más altos del siglo XXI, superando las 8.600 víctimas. Esta causa ocupa el octavo lugar de muerte general en la población en Colombia y es la quinta para los hombres; en el caso de las mujeres, es el primer motivo de muerte violenta.

Este fenómeno epidemiológico impacta cada vez más la salud de los colombianos. De los análisis realizados se destaca la afectación a la población de especial cuidado:

En el 2023 fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes (NNA) en eventos de transporte, siendo la única causa de muerte violenta con una variación creciente del 9% respecto al año 2022; los homicidios, suicidios y accidentales en este grupo poblacional, decrecieron.

Adicionalmente, los siniestros viales para el año 2023 fueron la primera causa de muerte violenta en la población de adultos mayores, en donde se perdieron 1.768 vidas, con un incrementaron de un 6 % con relación al año 2022.

La Contraloría identificó que luego de más de diez años de creada la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, aún no se cuenta con indicadores para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes.

En el estudio realizado por la entidad en el año 2023 “Evaluación del impacto fiscal de la siniestralidad vial en el sistema de salud” se determinó que las atenciones de víctimas en el año 2022 superaron el millón de casos por atenciones en salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, todo ello con un monto superior a $ 2.7 billones.

Dichos pagos se hicieron con cargo al sistema Soat, producto de las reclamaciones a las aseguradoras y a la Adres.