Con 62 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen posible incidencia fiscal en cuantía de $ 9.127 millones, 37 con presunta connotación disciplinaria, 8 de carácter penal, 6 con otras incidencias y 8 más para apertura de indagación preliminar, concluyó una auditoría de cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El ejercicio auditor, realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, se hizo sobre los recursos asignados para el proyecto denominado “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional en la vigencia 2021 y primer semestre 2022 (con corte 30 de junio del presente año).

Los hallazgos detectados llevaron al organismo de control a emitir un concepto de Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias.

El hallazgo fiscal de mayor cuantía detectado en esta auditoría, y que también tiene incidencia disciplinaria, es por $ 6.611 millones, y está relacionado con inconsistencias en las bases de datos “Reporte cuéntame 2021” y “Reporte cuéntame 2022” de la Regional del Icbf en el Chocó, que fueron analizadas y cruzadas con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, arrojando campos con estados como: “no encontrados y fallecidos”, de presuntos beneficiarios a los que se les habría prestado los servicios contratados para las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluyendo menores y mayores de edad.

Para el cálculo de ese presunto detrimento, se tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación.

Los hallazgos disciplinarios establecidos en esta auditoría serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación y los penales a la Fiscalía General de la Nación. También habrá traslado de hallazgos a la Dian y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP.