Con 36 hallazgos administrativos de los cuales, 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $ 5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar, finalizó una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República a la gestión adelantada por el Banco Agrario, entre el 1 de enero 2019 y el 30 de junio de 2021, respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta el 2017.

El organismo de control emitió un concepto adverso sobre esta gestión del Banco, en cuanto a la atención del rezago de subsidios pendientes de ejecución entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021.

Para la Contraloría, no es conforme el cumplimiento por parte del Banco Agrario como otorgante de estos subsidios y los demás actores involucrados en el programa (gerencias integrales, oferentes, contratistas, interventores y supervisores), respecto a la atención de tal rezago.

También hay no conformidad sobre la verificación de los parámetros (o requisitos) de los hogares beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural otorgados hasta 2017, que fueron reemplazados o retirados por el Banco, en el período de enero de 2019 a junio de 2021.

El Banco ha realizado el retiro de los beneficiarios de forma unilateral, mediante acto administrativo, sustentado en evitar la afectación de los ciudadanos para que puedan volver a postularse a programas y para la depuración de la base de datos, sin considerar que el derecho fundamental a una vivienda digna, les había sido reconocido por el Estado.

Para la Contraloría, con esta acción se afecta al ciudadano, por causas endilgables al Banco, por cuanto las situaciones ocurridas obedecen a incumplimiento de los contratistas ejecutores de obra y de las interventorías, y a la presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes, los cuales fueron avalados por las gerencias integrales o por el Banco, en su momento, sin evidenciar que se encontraban desfinanciados.