El Gobierno nacional habilitó 200 nuevas plazas para que mujeres cabeza de familia y en condiciones de marginalidad, condenadas por delitos de hurto o estupefacientes y cuya pena no supere los ocho años, sustituyan la pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios, tras la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo.

El compromiso entre ambas entidades para implementar esta herramienta jurídica que brinda oportunidades de resocialización a la mujer, conocida como Ley de Utilidad Pública, fue refrendado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En la ceremonia también se lanzó la plataforma digital María (Módulo de Apoyo para la Restauración, Integración y Acompañamiento), mediante la cual se facilitará la presentación y seguimiento de solicitudes del beneficio de utilidad.

Mediante este instrumento, los defensores públicos contarán con herramientas para analizar casos de utilidad pública que presentarán posteriormente ante los jueces competentes, permitiendo la identificación de cuellos de botella, retos y oportunidades de mejora.

Con base en las decisiones de los jueces, en dos años de vigencia de la Ley de Utilidad Pública se han proferido 133 sentencias que han beneficiado a 130 mujeres, quienes han recuperado su libertad en 11 departamentos.

El programa, apoyado por el Gobierno, cuenta con 27 convenios suscritos con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales, que han habilitado 2.492 plazas a nivel nacional.