Con el objetivo de aunar esfuerzos para diseñar una ruta de trabajo que permita establecer acuerdos viables, frente a la histórica problemática de los cuatro asentamientos humanos ubicados en el terreno denominado Sabana Uno, en Valledupar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, y el alcalde Ernesto Orozco, sostuvieron una mesa de trabajo con los líderes comunales, propietarios y representantes vinculados a este proceso.

Atendiendo el llamado de la comunidad, de ser mediadora en este proceso de legalización de Bello Horizonte II, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan sostuvo que en aras de garantizar la integridad de las más de 8 mil familias que conviven en estos predios, desde la administración departamental se agotarán todas las vías técnicas y jurídicas, para encontrar una solución sostenible, respetando las decisiones judiciales. Además, ratificó que existe una clara voluntad desde la administración municipal y departamental para abordar esta problemática social.

“Con el alcalde Ernesto Orozco hemos decidido incluir este tema sobre la agenda pública, porque es un problema que se debe abordar y priorizar como abordamos la inseguridad, la salud y tantos otros. Para ello instalaremos una comisión permanente con toda la formalidad, como un espacio defensor de diálogo fluido, frente a las decisiones que deban tomarse, esperando que cada una de las acciones en favor de solucionar esta problemática se vayan consolidando, y que la comunidad tenga la certeza que este es un gobierno de puertas abiertas, dispuesto a escucharlos y a ayudarlos”, dijo la gobernadora.

Las acciones acordadas durante la reunión, comprenden inicialmente la instalación de una comisión permanente, representada en el gobierno municipal y departamental por las autoridades vinculadas, la comunidad y los propietarios de los predios; además de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Municipal, como garantes, para que todas las decisiones en el tema se vayan concertando y comunicado de forma eficaz y en beneficio de las partes involucradas.

Además, la administración municipal continuará con la realización de un censo real que permita cuantificar con exactitud el número de personas que residen en estos asentamientos, además de caracterizarlos de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. Seguido de un levantamiento topográfico que además permita identificar todas las afectaciones y riesgos ambientales de la zona, posteriormente se harán estudios de títulos, y se revisará el avalúo existente y se continuará con los avalúos faltantes.

“Tenemos claro que, al abordar esta problemática social, nuestro principal objetivo es velar por los derechos fundamentales de la comunidad, sin desconocer la propiedad privada. Y como Municipio manifestamos la total disposición para llegar a una negociación benéfica para ambas partes”, puntualizó el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco.