El Gobierno Nacional en su compromiso por la equidad y la garantía de la salud de todos los habitantes en el territorio nacional, dispuso recursos por 500 mil millones de pesos en virtud de la Ley de Inversión Social (2155/2021) a los departamentos y distritos para la cofinanciación de las atenciones de urgencia de la población migrante irregular o no afiliada.

Al departamento del Cesar le asignaron $ 18.002.076.927, mientras que a La Guajira, $ 73.592.318.126.

Expuso la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, que en tal sentido «se emitió la Resolución 1897 de 2021, con la que se genera el mecanismo de cofinanciación por parte de la Nación para el saneamiento de las cuentas auditadas, conciliadas y reconocidas por parte de las entidades territoriales hasta el 30 de abril de 2021, a las IPS públicas y privadas que han garantizado la atención de urgencias a dicha población desde 2017».

Para tal efecto, la asignación de recursos iniciales es de $ 460.423.542.200, lo que permite a las entidades territoriales avanzar en el pago de estas deudas beneficiando a los prestadores.

Señaló de tal manera Godoy Casadiego que «la distribución y asignación de los recursos se efectuó con base en la información reportada y certificada por los gobernadores y alcaldes distritales; y ADRES gira el día de hoy directamente a cada una de las IPS (hospitales y clínicas), el monto que las entidades territoriales certificaron.

Es importante precisar que estos recursos se deben destinar exclusivamente al pago del capital adeudado, por lo que se excluye la posibilidad de pagar con estos recursos el reconocimiento de intereses de mora».

Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud, verificará que las IPS beneficiadas de tales recursos, realicen los registros contables y financieros correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Resolución.

Al respecto la viceministra realizó un llamado a las entidades territoriales, indicando que, «es muy importante que los departamentos y distritos continúen en el proceso de auditoría y reconocimiento de los servicios y tecnologías prestados a esta población, con el fin de poder distribuir los recursos disponibles y buscar recursos adicionales para su financiación».