Con el propósito de brindar acceso a crédito, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, anunció la inyección de $ 50.000 millones al Fondo Agropecuario de Garantías, (FAG), con lo cual se podrá garantizar hasta del 80 % a los préstamos que hagan los pequeños productores del campo colombiano.

“En pocas palabras, el Gobierno Nacional le va a servir de fiador a los pequeños agricultores y ganaderos de nuestro campo ante los bancos, y que no les nieguen los préstamos por falta de garantía. Es con hechos como en el Gobierno del presidente Iván Duque buscamos apoyar el sector agropecuario del país y facilitar el acceso a recursos para financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal”, manifestó Zea Navarro.

El funcionario explicó que con esta capitalización se asegura la estabilidad y funcionamiento del Fondo, instrumento facilitador de acceso al crédito, especialmente de los pequeños productores que no cuentan con suficientes garantías para ser sujetos de crédito con el sistema financiero colombiano.

“Para acceder a este beneficio, “Don Pacho o cualquier pequeño productor agropecuario, puede acercarse a una entidad financiera privada o al Banco Agrario de Colombia y solicitar este respaldo otorgado para los créditos redescontados a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO)”, indicó Zea Navarro.

Los beneficiarios recibirán, además de una garantía de su préstamo del 80 %, un subsidio de casi 4 % a la comisión, el cual se traduce en garantizar una tarifa mínima de tan solo el 1.5 %, sobre el valor del crédito, para el acceso a los servicios del FAG, para el otorgamiento del crédito, agregó.

Con esto el Ministerio logra mantener el menor costo de acceso para el pequeño productor, a pesar del incremento en los niveles de riesgos evidenciado por la situación económica posterior al periodo de pandemia y muestra el compromiso del Gobierno con la reactivación de los pequeños productores del campo colombiano.

La expedición de garantías por parte del FAG, ha presentado una tendencia creciente desde el 2020, en el marco del COVID-19, ya que la mayor vulnerabilidad económica generó un incremento en la aversión al riesgo de los intermediarios financieros y, en consecuencia, una mayor demanda de garantías.