Con un presupuesto de 670.656 millones de pesos, el Gobierno del Cambio atenderá, a partir del 2024, el servicio de alimentación de las personas detenidas en cárceles, estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Así lo establece la ley aprobada recientemente en el Congreso, elaborada en colaboración armónica con entidades territoriales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional.

El suministro de alimentos de las personas detenidas en estaciones de Policía y URI estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, hasta el 30 de junio de 2025. Después de esta fecha, el servicio quedará bajo responsabilidad de los municipios y departamentos.

La ley busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios.

Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Uspec en las URI y estaciones de Policía.

La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad, tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue de $ 647.000 millones en 2023.

De ese total, $ 92.957 millones se han destinado para centros de detención transitoria durante este año.