El Senado de la República anunció esta semana la conciliación del Proyecto de Ley 172/23, que garantiza la gratuidad para la admisión y derechos de grado en universidades públicas, para estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV, grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y discapacitados.

Aunque la iniciativa es de un grupo de congresistas, el proyecto recibió el aval del Ministerio de Educación Nacional, al estar en línea con las políticas de gratuidad en la matrícula y facilidad de acceso a formación superior para las poblaciones más vulnerables del país.

El proyecto también se enfoca al fortalecimiento financiero del sector público para garantizarles a todas y todos los colombianos el derecho a la educación superior.

Este beneficio para población de escasos recursos será financiado, tal y como lo estipula uno de sus artículos, por el Presupuesto General de la Nacional, y se implementará de forma gradual.

Gracias a la Política de Gratuidad el Gobierno Nacional asume ya el pago de la matrícula ordinaria neta de los y las estudiantes de pregrado en cualquiera de las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas que tienen vinculación presupuestal con el Ministerio de Educación Nacional.

Gracias a una asignación presupuestal de 2,2 billones de pesos en este año, cerca de 800 mil personas ya se están beneficiando con la política de gratuidad ‘Puedo Estudiar’, lo que representa el 93 % de la población estudiantil de pregrado en las IES públicas.