El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el balance de cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que obliga a los servidores públicos a realizar la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés, así como los aportes de campaña de quienes ocupan cargos de elección popular.

El reporte generado por Función Pública, con corte al 31 de marzo de 2021, muestra 231 mil registros con la información de bienes, rentas y conflictos de interés de servidores en cargos de elección popular, nivel directivo en las entidades del Estado, privados con funciones públicas y contratistas (ver cuadro).

“Invitamos a los servidores públicos de nivel directivo, mandatarios y contratistas a que actualicen la información acerca de su declaración de bienes y rentas, su declaración sobre el impuesto de renta y los conflictos de interés en el aplicativo que hemos dispuesto para ello. Recordamos que esta información es un requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo” indicó la directora encargada de Función Pública, Claudia Hernández.

La Ley 2013 de 2019 establece que los servidores públicos con un nivel jerárquico o toma de decisión alto en el Estado deben hacer la divulgación proactiva de sus declaraciones de renta y conflictos de interés. Esto convoca a servidores que ocupan cargos de elección popular como el presidente de la República, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y ediles.

También están dentro de la obligación a presentar estos reportes los ministros, Secretarios Departamentales o Municipales y directores de entidades nacionales y territoriales. La ley también cobija a las empresas que prestan un servicio público como las Curadurías, Notarías, Cámaras de Comercio y a los contratistas del Estado.