Avanzar en soluciones de fondo a la problemática del agua en La Guajira, destrabar proyectos e identificar oportunidades para aprovechar la infraestructura existente son algunas de las acciones que impulsa el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el departamento.

Así lo señaló la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, durante su participación en la sesión técnica de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, convocada por la Corte Constitucional. En este espacio, la entidad presentó las acciones que adelanta para fortalecer el seguimiento a los proyectos de agua y garantizar la transparencia en la asignación de beneficios a las comunidades wayuu.

Durante la sesión, la viceministra anunció la puesta en marcha de una herramienta de seguimiento que permitirá al gobernador de La Guajira y a los alcaldes conocer el estado de los proyectos e identificar aquellos que requieren acciones para avanzar. La iniciativa busca fortalecer el trabajo articulado con las entidades territoriales y priorizar los proyectos que presentan dificultades en su ejecución.

“Con el fin de dar cumplimiento a la directriz del presidente Abelardo De La Espriella de destrabar proyectos y poner control a la ejecución de proyectos de agua en el departamento, la entidad creó una herramienta de control que permite monitorear el proceso de los proyectos, si están en ejecución, evaluación, los que se han adjudicado y una última incorporación que vamos a hacer es la infraestructura que no está siendo usada, con el fin de poder identificar oportunidades y buscar soluciones”, señaló la viceministra.

La herramienta también incorporará información sobre las ejecuciones de la banca multilateral, los recursos de cooperación no reembolsable y las iniciativas de la Gobernación y las alcaldías. En ese sentido, Saldarriaga invitó a las autoridades a consultar el tablero de control para conocer los avances y definir acciones conjuntas.

Por otra parte, la viceministra presentó los criterios para seleccionar a las comunidades priorizadas y beneficiarias de las soluciones de agua potable. Estos incluyen tres parámetros principales: los índices de morbimortalidad de niñas, niños y adolescentes en el departamento; la cercanía de las comunidades a los centros educativos, y la existencia de proyectos que beneficien a varias comunidades, así como la densidad poblacional.