Con aportes privados de apenas un millón de pesos se constituyó, en 2021, el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’. Cinco años después, había suscrito 1.147 contratos financiados con recursos de regalías por 3,2 billones de pesos en 19 departamentos del país. Estos contratos habrían sido direccionados para favorecer a empresas y particulares previamente seleccionados.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, identificó que detrás de este presunto esquema estarían directivos del fondo, funcionarios públicos y contratistas, quienes se habrían concertado para direccionar recursos destinados a proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte, ambiente, gestión del riesgo, vivienda rural, salud y energía eléctrica.

Pese a administrar recursos públicos, la entidad habría utilizado su propio manual de contratación para adjudicar los proyectos a un grupo reducido de empresas y particulares, invitados de manera recurrente a los procesos de selección. Para facilitar estas adjudicaciones, presuntamente se elaboraban documentos y actas falsos, así como registros irregulares con los que se habría inducido en error a servidores públicos y autoridades administrativas y evadido los controles sobre la ejecución de los recursos.

La investigación también estableció que, en algunos casos, los contratistas de obra pertenecían al mismo grupo de quienes ejercían la interventoría, mientras que funcionarios del fondo resultaban beneficiarios de contratos de prestación de servicios. Estas actuaciones habrían desconocido los requisitos de la contratación pública y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta, además, de adquisiciones y gastos de los directivos, entre ellos vehículos de alta gama por cerca de 400 millones de pesos, apartamentos y casas en Valledupar (Cesar) por 1.500 millones de pesos y un viaje de 30 días al Mundial de 2026. Sus honorarios mensuales oscilaban entre 30 y 60 millones de pesos. Parte de los bienes y recursos, al parecer, eran ocultados a través de terceros o empresas ficticias.

Con fundamento en estos hallazgos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a 13 personas en procedimientos simultáneos realizados en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Sogamoso (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Villavicencio (Meta).

Entre los detenidos están el exalcalde de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles, y el alcalde de María la Baja, Ramiro González Mancilla; los socios fundadores Esteban José Cleves Daza, María Alexandra Pérez Daza y Patricia Cerchiaro Carranza; y los directivos Alejandro Castro Bernal, Rafael de Jesús González Daza y Camilo Andrés Piñeros Gómez.

También fueron capturados los supervisores Luis Alejandro Martín Merchán, José Alejandro Fúneme Gamero y Jesús María Hernández Cruz, así como los contratistas Erika Andrea Cotes Guerra y Juan Carlos Betancourt Nova.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Ninguno aceptó los cargos.

Una jueza de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a ocho procesados, entre ellos Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles. Otros cuatro deberán cumplir medida privativa de la libertad en sus domicilios, mientras que una mujer continúa vinculada a la investigación penal.